LA JUSTICIA DESESTIMÓ UNA DENUNCIA CONTRA UN SINDICATO FARMACÉUTICO Y EL COLEGIO PORTEÑO DEBERÁ RESPONDER POR LOS DAÑOS

Un conflicto que comenzó con una disputa por aportes sindicales terminó con un fallo adverso para el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal. La Justicia confirmó el sobreseimiento de los dirigentes del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), denunciados por presunta estafa, y dejó en pie la posibilidad de que la entidad profesional deba afrontar un resarcimiento económico.

Según informó el gremio, el origen del caso se remonta a la negativa del director del Colegio, Claudio Ucchino, a reconocer la afiliación al sindicato de dos profesionales que trabajan en la institución: la farmacéutica Laura Butticce y el bioquímico Roberto Parlamento.

El desacuerdo escaló cuando el SAFYB reclamó el pago de las cuotas sindicales correspondientes. En respuesta, el Colegio presentó una denuncia penal contra las autoridades del gremio, acusándolas de intentar cobrar aportes de trabajadores que, según la institución, no estaban afiliados.

La presentación fue realizada en 2020 por el abogado Juan Pedro Anders contra los dirigentes sindicales Marcelo Peretta y Mariana Funes, en una causa que quedó registrada bajo el expediente CCC 36023/2020.

Durante la investigación judicial se incorporaron diversas pruebas, entre ellas un peritaje caligráfico sobre las fichas de afiliación de los trabajadores involucrados. El estudio concluyó que los registros presentaban coincidencias con la escritura de Butticce y Parlamento.

La sentencia también tomó en cuenta otros indicios. Entre ellos, la participación de Butticce en asambleas del sindicato realizadas en 2006 y 2009, donde figura su firma en las planillas de asistencia, así como la inclusión de Parlamento en cadenas de correos vinculadas a cursos ofrecidos por el gremio a sus afiliados.

Con estos elementos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 23 dispuso el sobreseimiento de los dirigentes sindicales. Esa resolución fue ratificada el 13 de febrero por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Desde el SAFYB interpretaron el fallo como una confirmación de que la denuncia carecía de fundamento. A su entender, la maniobra terminó perjudicando al propio Colegio, que ahora podría enfrentar reclamos por daños derivados de la acusación penal.

El sindicato también sostuvo que el episodio refleja un clima adverso hacia las organizaciones gremiales, aunque remarcó que en este caso el conflicto surgió por la decisión de trasladar un desacuerdo laboral a la vía penal.