El diputado de la Democracia Cristiana e integrante del bloque Provincias Unidas presentó un pedido de informes para que el Gobierno detalle cómo sostendrá los tratamientos ante la modificación del listado del programa. Advirtió sobre las consecuencias para las familias que dependen de la salud pública y el traslado de costos a provincias y municipios.
El diputado nacional Juan Fernando Brügge presentó un proyecto de resolución para exigir al Poder Ejecutivo explicaciones urgentes sobre los cambios en el Programa Remediar y las medidas previstas para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales en todo el país.
La iniciativa, registrada bajo el expediente 5622-D-2026, solicita información precisa y documentada sobre la Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud. El legislador cordobés reclama conocer qué medicamentos dejarán de adquirirse o distribuirse mediante el programa y cómo se asegurará la continuidad de los tratamientos alcanzados por la modificación.
En los fundamentos, recoge la advertencia del Ministerio de Salud de Córdoba sobre la sustitución de un listado de 128 medicamentos esenciales por otro de seis principios activos destinados a enfermedades cardiovasculares. Frente a ese cambio, pide identificar qué programas cubrirán los tratamientos no contemplados, con qué presupuesto y en qué fechas se realizarán las entregas.
“No basta con invocar la existencia de otros programas”, sostiene el representante de la Democracia Cristiana en el proyecto. Por eso, exige que la Nación informe las existencias disponibles, los requisitos de acceso y la capacidad de distribución de cada alternativa de cobertura.
El pedido incluye veinte puntos y pone especial atención en las personas que dependen exclusivamente del sistema público, los hogares de menores ingresos, los jubilados, las personas con discapacidad y quienes viven en localidades rurales o alejadas de los hospitales. También requiere precisar los mecanismos de respuesta ante faltantes para evitar interrupciones o abandono de tratamientos por razones económicas.
Otro de los ejes es el impacto sobre las provincias y los municipios. El integrante del bloque Provincias Unidas solicita conocer si el Gobierno calculó cuánto deberán gastar las jurisdicciones para sostener la provisión y si habrá transferencias compensatorias. Además, reclama las constancias de las consultas realizadas a las autoridades sanitarias y al Consejo Federal de Salud.
Brügge también pide información sobre la ejecución presupuestaria de Remediar durante 2025 y 2026, las compras suspendidas o modificadas y el eventual ahorro fiscal previsto. La iniciativa plantea que una reducción del gasto nacional puede generar mayores costos para las familias y el sistema sanitario si se demoran tratamientos y aumentan las consultas, las internaciones y las complicaciones evitables.
El proyecto requiere, asimismo, evaluar las consecuencias sobre PAMI y las obras sociales, e identificar a las autoridades responsables de resolver los reclamos. El objetivo es impedir que las diferencias administrativas entre organismos se conviertan en una barrera para recibir la medicación.
“La salud de quienes más necesitan del Estado no puede convertirse en una variable de ajuste”, expresa el legislador cordobés en los fundamentos, donde reclama que el Congreso controle estas decisiones y exija garantías concretas para que ninguna reorganización administrativa deje a la población sin tratamientos esenciales.