En medio del debate legislativo por la Ley Ómnibus que podría abrir la puerta a la privatización del suministro de agua y saneamiento, el Sindicato de Obras Sanitarias ha lanzado una campaña para resaltar la vital importancia de mantener esta empresa bajo la gestión estatal.
Demostrando el fracaso de la gestión privada en los años ‘90 y sosteniendo que el acceso al agua y al saneamiento es un asunto de salud pública, el Sindicato busca enfatizar la necesidad de proteger este recurso como un derecho humano fundamental.
“Esta receta neoliberal en la que se entregan empresas estratégicas para la sociedad a manos privadas ya la hemos vivido en el pasado, y fracasaron”, sostuvo el Secretario General José Luis Lingeri del Sindicato Gran Buenos Aires de Obras Sanitarias (SGBATOS). “Se ha demostrado que tener la empresa privatizada no fue más eficiente; muy por el contrario, no invirtieron lo que debían en infraestructura incumpliendo con los contratos establecidos dejando a gran parte de la población sin estos servicios esenciales”, continuó explicando el dirigente gremial.
AySA en la actualidad tiene su área de acción en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano prestando servicio de agua potable a 11.678.455 habitantes (más del 25% de la población total del país) y con servicio de saneamiento a 9.560.215 habitantes (más del 20% de la población del país). En toda la gestión desde el 2006, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos incorporó a 3.819.455 personas al servicio de agua y a 3.761.237 al servicio de cloaca, duplicando y hasta triplicando a los conseguidos cuando los servicios eran gestionados por la concesionaria francesa que sólo en sus 12 años incorporó a 1.852.000 de personas al servicio de agua y, tan sólo a 1.012.000 con cloacas. Estos números no cuentan, a su vez, las diferencias de inversión en relación a las plantas construidas en los diferentes periodos y a los kilómetros de cañerías de red instalados que amplían y expanden los servicios.
“Ahora que tanto está de moda mirar números, creo que estas cifras hablan por sí solas”, enfatizó Lingeri a la vez que manifiesta que una empresa de servicios públicos no puede evaluársela como variable de ajuste cuando en el mundo se mueren miles de personas por falta de agua potable o saneamiento. “Para que una empresa de estas características, que brinda estos servicios esenciales que son declarados derechos humanos, no sea un “gasto” tiene que estar acompañada por una gestión de modo sostenible, con políticas de Estado y cuadros tarifarios adecuados”, aseveró José Luis Lingeri, agregando: “porque estamos dispuestos a trabajar para que la empresa tenga equilibrio financiero, perfeccionando mecanismos y métodos tanto técnicos como administrativos para que seamos económicamente eficientes y continuemos brindando servicios de calidad a la población”.
Este esfuerzo por proteger la gestión estatal del agua enfrenta un desafío inmediato en el ámbito legislativo que pone en riesgo años de progreso en términos de acceso equitativo al agua. Esta campaña, por tanto, hace un llamado subrayando que el acceso al agua potable no puede ser un lujo o un privilegio para aquellos que puedan pagarlo, sino un derecho humano esencial, especialmente crucial en términos de salud pública y el Estado debe garantizar su acceso a todos y todas.
