Las acusaciones judiciales contra el secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Remis y Autos al Instante de la Provincia de Buenos Aires (SURyA), Alejandro Poli, se van sumando y acumulando, con la particular característica de pasar por gobiernos de diferente color político, surfeando las denuncias, al tiempo que los funcionarios de turno parecen cobijarlo. En lo que coinciden tanto detractores como compañeros de ruta es en la capacidad Poli, no solo de pasar por las distintas administraciones del ministerio de Trabajo (hoy secretaría a cargo de la cartera de Capital Humano), sino en la facilidad para pasar por diferentes espacios gremiales.
Fuentes gremiales indicaron que “evidentemente tiene el arte de la negociación, porque ya logró sentarse son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y le “vende” a otros dirigentes que tiene llegada con distintos funcionarios del gobierno libertario”.
Poli comenzó a tomar notoriedad en 2010, cuando el Sindicato de Remiseros UCAIRRA al que pertenecía, queda acéfalo y es intervenido junto con su obra social (OSCRAIA). En busca de respaldo da con el titular del sindicato de peones rurales (UATRE), Gerónimo “Momo” Venegas -también líder de las 62 Organizaciones Peronistas- y consiguen que la intervención de OSCRAIA funcione en la sede del gremio SURyA, lo que es incompatible.
Según explicaron sus denunciantes, Poli accedió al padrón de trabajadores registrados, afiliados a la obra social, lo que le permitió armar una falsa estructura, cuyo modus operandi son las afiliaciones “truchas” para inscribir su gremio y obtener la personería gremial en 2012, con jurisdicción en Quilmes.
Pero el accionar no pasó desapercibido, ya que muchos trabajadores y gremios advirtieron que no se habían afiliado al SURyA, lo que deriva que en 2014 el fiscal Carlos Stornelli tome las denuncias, comience una investigación y se abra una causa, que viene impulsada también por los que en ese momento normalizan UCAIRRA, el gremio al que originalmente pertenecía Poli.
A pesar de tener una causa judicial abierta y ser beneficiado por el gobierno de Cristina Fernández, Poli pegó el salto de la mano de Venegas, quien había fundado el partido Fe y estableció una alianza con Mauricio Macri. Sus críticos indicaron que el dirigente remisero pasó de “nacional y popular” a “teñirse de amarillo furioso”.
Gracias a sus nuevas amistades del PRO (respaldó la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal) consiguió que le extiendan la afiliación de SURyA a otras localidades de la provincia de Buenos Aires y del país. Sus relaciones con el ministro de Trabajo Jorge Triaca le permiten ser un protagonista de las reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra.
Allí logró que le habiliten el armado de la Federación Argentina de Remises (FAREM) con inscripción gremial y luego con personería gremial, “algo nunca antes visto en la historia del sindicalismo contemporáneo”, aseguraron las fuentes sindicales, quienes agregaron que “Poli fue nombrado delegado normalizador de la OSCRAIA, obra social de UCAIRRA, el gremio que compite con SURyA, del cual él formaba parte”.
Como las denuncias de sus pares continuaron y se fueron acumulando, la causa lo tomó el fallecido juez federal Claudio Bonadio, que detectó irregularidades en la expansión del SURyA, y procesó al entonces titular del gremio, José Rómulo Garay (hombre de confianza de Poli) por la incorporación de 350 afiliados con DNI falsos y sin aval sobre un total de 585 afiliados registrados.
Voceros judiciales relataron que “Bonadio llamó a declarar a los afiliados, cuando computó 379 declaraciones, solo uno reconoció haber firmado el padrón. El juez determinó el procesamiento de Garay, quien además fue embargado hasta cubrir 500.000 pesos. Poli se desentendió del caso y acusó a Garay, explicando que “fue su gestión antes de que yo asuma la conducción del sindicato”.
A pesar de la serie de irregularidades (no tenía los balances presentados; elecciones impugnadas y congresos cuestionados por los propios integrantes de la Federación; rechazo del propio CCT por ser contrario a los intereses de los trabajadores), el nuevo gobierno encabezado por Alberto Fernández, le otorgó la extensión del convenio colectivo de la FAREM y la certificación de autoridades.
Para conocedores del gremialismo, la creación de la FAREM puede ser el talón de Aquiles de Poli, ya que hay una investigación en curso que podría golpear tanto a Triaca como a funcionarios de Alberto Fernández. Según indicaron, para la conformación de la Federación se necesita la representación de gremios de diferentes localidades. En principio, adhirieron organizaciones de Córdoba y Santa Fe, que rápidamente se retiraron; en tanto que aparecieron dos remiseras de Mar del Plata (PASOCAR y REMICOOP), que en realidad son cooperativas.
Por esta cuestión se abrió una causa penal en el juzgado de Daniel Rafecas por falsificación de documento público. Sucede que Poli insiste en avanzar con la Federación, pero se le suman denuncias como la del dirigente platense Javier Scaramutti, quien era tesorero, retiró a su sindicato e impugnó la última asamblea ordinaria.
Voceros judiciales indicaron que Rafecas ya se hizo del expediente que en su momento tramitó Bonadio y citaría a indagatoria a Poli. El interrogante es si el juez avanza y decide quitarle la personería gremial del sindicato, al corroborar la irregularidad de los afiliados y la falsificación de documento público. Mientras tanto, los actores del mundo sindical se siguen sorprendiendo tanto de la capacidad de subsistencia de Poli como sus “pases” con los gobiernos. Los malintencionados dicen: “Ayer nomas fue un “militante” de Alberto Fernández y hace meses se percibe como un sindicalista libertario”.
