(Por Mariano Osuna, Periodista) – La vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y el debate legislativo del proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partidas para la Libertad de los Argentinos”. Inflación, Fondo Monetario Internacional (FMI) y paro general. Las medidas y la agenda del gobierno entrerriano y la discusión interna del peronismo.
La devaluación del 118% del tipo de cambio, efectuada tres días después de la asunción del presidente Javier Milei, fue la primera decisión del gobierno de La Libertad Avanza, con un ojo puesto en la macroeconomía. Una semana posterior, el 21 de diciembre, se publicó en el Boletín Oficial el DNU 70/2023, conformado por 366 artículos, que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. A la par, estableció la desregulación económica, facilitó la privatización de 41 empresas públicas, promovió reformas laborales, modificó la concepción de los servicios esenciales, suprimió los controles del comercio exterior, derogó la Ley de Alquileres, fomentó la extranjerización de la tierra y flexibilizó la protección de las economías regionales.
El DNU, vigente desde el 29 de diciembre, dispuso cambios en más de 360 normas, con la particularidad que derogó por completo 41 leyes y decretos, donde se destacan las legislaciones de Abastecimiento, las reglamentaciones de las actividades hoteleras y de agencias de viajes, Góndolas, Manejo del Fuego, Compre Nacional, Promoción Comercial, Observatorio de Precios, Alquileres, la fijación de haberes jubilatorios, la doble indemnización, la política nacional aeronáutica, la producción pública de medicamentos y la actividad comercial de supermercados. Mientras se acumulan las presentaciones y los amparos judiciales, como la medida cautelar del pasado 3 de enero, determinada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que suspendió la aplicación de las reformas laborales, también se profundiza la incertidumbre sobre la conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que transita los últimos días hábiles para expedirse sobre la validez del decreto. Tras ese recorrido, la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación deben expedirse sobre el DNU, a sabiendas que para su rechazo requieren del voto negativo de ambos recintos del Congreso, ya que la valoración positiva de una de ellas dejará como resultado su ratificación.
Dos días antes ingresó el proyecto conocido como Ley Ómnibus, integrado por 664 artículos, que complementa el paquete de reformas diseñado por el gobierno de Milei. Después de la convocatoria a sesiones extraordinarias, entre el 26 de diciembre y el 31 de enero, esta semana la Cámara de Diputados arrancó una triple jornada de debate en reuniones conjuntas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales. El día martes se hicieron presentes el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, el ministro de Justicia, Mariano Libarona, y el secretario de Energía, Eduardo Chirillo; en tanto que el miércoles fue el turno del ministro del Interior, Guillermo Francos, la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella, el interventor de Enargas, Carlos Casares, el secretario de Industria y Desarrollo, Juan Pazo, la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez, y la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas. Por último, el jueves participaron el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre. De modo paradójico, las grandes ausencias fueron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de gabinete, Nicolás Posse, además de Federico Sturzenegger, uno de los ideólogos de las reformas pero sin cargo de funcionario (por ahora) en el Ejecutivo nacional.
Los reclamos de posibles aliados
La Libertad Avanza cuenta actualmente con 38 escaños en la Cámara Baja, que representa menos de un tercio de los votos necesarios para el quórum necesario para el comienzo del debate en una sesión. La estrategia del oficialismo se encuentra en el convencimiento hacia bloques aliados, como Propuesta Republicana (PRO) que cuenta con 37 legisladores, la Unión Cívica Radical (UCR) que tiene 34 bancas y Hacemos Cambio Federal (el espacio que incluye a Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Margarita Stolbizer) que posee 23. Ese punteo inicial acumula 132 adhesiones para el inicio del tratamiento legislativo, tres más de las requeridas por el reglamento.
Con los matices y las peculiaridades de cada bloque, surgen rasgos comunes sobre distintos pedidos de modificaciones del texto original. Allí resalta el reclamo de reducción del tiempo de vigencia de la emergencia, para que dure por doce meses, con posibilidades de prórroga por otro año, con previo análisis del Congreso. También emergen los pedidos de las provincias petroleras respecto a los permisos, las concesiones y las autorizaciones sobre los recursos hidrocarburíferos; las resistencias a las privatizaciones del Banco Nación y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF); los malestares por el aumento a un 33% de las retenciones sobre los subproductos de soja, a un 15% del resto de las economías nacionales y regionales, y a una alícuota del 8% sobre los productos del complejo vitivinícola y el aceite del limón; las quejas por la supresión de la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos y de contratación del personal local; las objeciones a la iniciativa de un sistema de circunscripción uninominal para seleccionar los miembros de la Cámara Baja, que paradójicamente fortalecería la representación de Buenos Aires en detrimento de otros distritos; los reparos a la eliminación de la fórmula jubilatoria vigente por la incertidumbre sobre el mecanismo futuro para los incrementos; la oposición al aumento de penas por cortes de tránsito y notificación de las protestas, especialmente por el párrafo que asemeja esta situación al agrupamiento de tres o más personas; las demandas contra la propuesta que fija el libre comercio de biocombustibles, referido a los precios y su aprovisionamiento; y las disidencias generalizadas contra el proyecto que suprime las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligagorias (PASO) y estipula la implementación de la Boleta Única.
Luego del debate de la semana pasada, el Ejecutivo dio luz verde sobre la marcha atrás a los cambios en pesca y el retiro del polémico artículo 331 sobre la Ley de Tránsito, como además la revisión sobre el plazo de vigencia de la emergencia general. En simultáneo, el Senado de la Nación desarrolló el debate sobre la Boleta Única de Papel, aunque con desenlace incierto en el recinto porque no hubo acuerdo unánime sino dos dictámenes. Pese a las voces oficiales sobre la intransigencia de correcciones o rectificaciones del proyecto original, se encuentra abierta la negociación con los gobernadores de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria, con el propósito de acercar los votos necesarios para su sanción y aprobación.
Deuda, inflación, desilusiones y paro general
Tras diversas charlas y reuniones, el miércoles pasado el Gobierno nacional concretó un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), vinculado a la séptima revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF por sus siglas en inglés), que contempla la entrega del organismo financiero internacional de 4.700 millones de dólares, que serán usados para pagarle una serie de vencimientos al propio Fondo. Como antesala, el Directorio del FMI dará su visto bueno a fin de mes, para destrabar el pago de esos Derechos Especiales de Giro (DEG). A la par, la oficina estelar de Casa Rosada tiene apuntado la resolución de otros vencimientos de intereses y sobrecargos que caerán en febrero.
Un día después del entendimiento con el organismo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el primer índice de inflación de la gestión de La Libertad Avanza. El número final fue de 25,5% durante el mes de diciembre, que fue la más alta en 33 años, con una acumulación durante 2023 de 211%. Entre las categorías con mayores incrementos se posicionaron Bienes y servicios varios (32,7%), Salud (32,6%), Transporte (31,7%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (30,7%), y Alimentos y bebidas no alcohólicas (29,7%). El estudio de distintas consultoras, como también las propias definiciones del ministro Caputo, describen un tablero económico con números similares durante los meses de enero y febrero, a tono con la desregulación y la liberación de los precios, sumado al proceso de devaluación sobre el tipo de cambio.
La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), que comprende a las cerealeras principales del país, aceleraron el lobby contra el DNU y la Ley Ómnibus, ya que se sienten traicionados por el incumplimiento de la baja de las retenciones, que incluso tuvieron decisiones opuestas en distintos rubros troncales y en economías regionales que se encuentran amenazadas por las nuevas medidas. Entre las diversas acciones, enviaron una carta a Germán Martínez, presidente del bloque de Diputados de Unión por la Patria, para frenar la suba de la alícuota para la harina, el aceite de soja y el aceite de girasol. “La suba de impuestos beneficiará a Brasil y Estados Unidos, reducirá nuestras exportaciones y achicará la cantidad de divisas”, se describió.
En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió el primer paro general en la era Milei para el próximo 24 de enero, que cuenta con las adhesiones de las dos centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA de los trabajadores y CTA Autónoma) y de los diferentes movimientos sociales. Allí también estará la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que mañana efectuará una Jornada Nacional de Lucha en Defensa del Estado y el Empleo Público. “En los primeros días lanzó un DNU de espalda al Congreso, como así también la Ley Ómnibus. No conoce el Estado ni la República. Nos está llevando al caos”, afirmaron desde la Central sindical histórica, liderada por el triunvirato integrado por Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) y Pablo Moyano (Camioneros).
Frigerio y el escenario nacional
“Concuerdo mayoritariamente con la orientación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y con muchas de las medidas de la Ley enviada al Congreso de la Nación. Tengo diferencias con cuestiones puntuales que nuestros legisladores tratarán de modificar y están vinculadas al aumento de los derechos de exportación de nuestras economías regionales”, afirmó el gobernador de Entre Ríos, que mantiene desacuerdos sobre las variaciones en las retenciones, los biocombustibles o la idea de privatización del Banco Nación e YPF. Con una relación personal con Javier Milei, el Mandatario entrerriano afirmó que tiene “muchísima fe” en que la Casa Rosada “encuentre la solución al difícil contexto”, donde se combina “un proceso inflacionario con un proceso de recesión económica”.
El jueves pasado, Frigerio viajó a Buenos Aires para reunirse con funcionarios nacionales, en una ronda de charlas que arrancó con un encuentro bilateral con el ministro Francos. “Le manifesté mi apoyo a la mayoría de las leyes enviadas al Congreso. Es un momento histórico para generar cambios que sean sostenibles en el tiempo y terminen con los privilegios de unos pocos”, expresó en redes sociales luego del cónclave con el titular de Interior. Un día después, la mesa presencial se amplió con el ministro Caputo y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, además de la participación virtual del resto de los mandatarios de Juntos por el Cambio: Jorge Macri de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Leandro Zdero de Chaco, Ignacio Torres de Chubut, Gustavo Valdés de Corrientes, Carlos Sadir de Jujuy, Alfredo Cornejo de Mendoza, Marcelo Orrego de San Juan y Claudio Poggi de San Luis. En el inicio de la semana, ya habían tenido otra cita, sin funcionarios de La Libertad Avanza, donde se solidarizaron con su par santafesino por las amenazas narco y ratificaron el trabajo “por una agenda de cambio y transformación que vaya en línea con la defensa a ultranza del federalismo”.
Frigerio y el escenario provincial
El Ejecutivo entrerriano envió al Poder Legislativo el proyecto de transición de gobierno, que prohíbe la transferencia de cargos, impide la cesión de bienes públicos en ese período, imposibilita la suba de los gastos previstos en el presupuesto y limita la facultad de nombramientos en la planta permanente del Estado en el último año de cada mandato. Una segunda iniciativa refiere al acceso a la información pública, que incentiva el acceso gratuito de los datos de los tres poderes, municipios, comunas, agentes financieros, entes interjurisdiccionales y universidades. Ello incluye la estructura orgánica, funciones, escalas salariales, nómina de autoridades y del personal, las compras, las licitaciones, los proveedores y los concursos. Una tercera propuesta es la derogación de la Ley N° 4.506 que fija las pensiones vitalicias a ex gobernadores y ex vicegobernadores de la provincia, donde un articulado pone énfasis en quienes tengan condena penal por delitos contra la administración, la integridad sexual, el orden constitucional y la propiedad. En paralelo, se publicó el Decreto que establece el traslado al Ministerio de Seguridad de los autos oficiales, sin una función indispensable, con el fin que se resignifiquen para el trabajo policial.
Durante las dos semanas anteriores, el Gobernador encabezó encuentros con los presidentes de la comuna e intendentes de la provincia, para comunicar la situación financiera y económica del Estado entrerriano. En declaraciones a este portal, fuentes oficiales explicaron que esa deuda “fue reestructurada con intereses” y que parte de su cancelación precisa de un nuevo préstamo. Algo similar ocurrirá para el pago de salarios, como pasó con los haberes de diciembre. “De cada 100 pesos que llegarán a Entre Ríos, 55 son aportes del Gobierno nacional”, describieron. “Entendemos la situación nacional, pero vamos a defender esos recursos”, profundizaron.
Sin fiestas populares
Como ocurre en diferentes puntos del país, la mayoría de los municipios entrerrianos anunciaron la suspensión o postergación de las fiestas provinciales o nacionales, con excepciones como Concepción del Uruguay y la Fiesta de la Playa. Es el caso del Mate en la capital, del Pescado y Vino en Gualeguaychú, de la Guitarra en Nogoyá, del Arenero en Tala, del Sol y del Río en Valle María, de la Identidad y el Patrimonio en Pueblo Liebig, y del Yatay en Ubajay. “Demanda una inversión millonaria que hoy no estamos en condiciones de hacer. Por eso, decidimos posponerla y repensarla para los meses venideros”, afirmó Rosario Romero, intendenta de Paraná. “Vamos a suspender la Fiesta para definir una nueva fecha y establecer un sistema mixto que garantice la igualdad de oportunidades”, expresó en la misma sintonía Fernando Zubillaga, presidente del Consejo Mixto de Turismo de Gualeguaychú.
Renovación del PJ
Está en marcha el cronograma electoral para la renovación de autoridades del Partido Justicialista de Entre Ríos, que tiene como fecha estelar el próximo 10 de marzo. Luego de los cruces por la asunción de Mariel Ávila, esposa del ex gobernador Gustavo Bordet, como diputada nacional, y de la renuncia del ex intendente Hugo Maín como senador departamental para que asuma Claudia Silva, esposa del ex vicegobernador Adán Bahl, se evidenció la necesidad de barajar y dar nuevo, hacia la búsqueda de aire fresco y la construcción de nuevas referencialidades y liderazgos.
En esa línea, un grupo de intendentes justicialistas se reunió en Puerto Yeruá, departamento Concordia, para analizar el tablero nacional y provincial. “La renovación del partido será clave para volver a ser una oposición seria y volver a ser opción electoral con vocación de gobierno”, afirmaron en un escrito enviado a este portal. Con la participación del presidente municipal anfitrión, Daniel Benítez, el cónclave reunió a Gustavo Bastián de San José, Ricardo Bravo de Federación, Damián Arévalo de Feliciano, Ricardo Sandoval de Pronunciamiento, Hernán Niz de Villa Mantero, Juan Amavet de Santa Anita, Fernando Viganoni de San Justo, Ariel Stuker de La Criolla y Mauro Cháves de San Antonio. En referencia a esos sectores, el actual presidente del PJ provincial alentó esa renovación y argumentó que “hay un tiempo y una apertura para que nuevos dirigentes, sobre todo aquellos que tienen representatividad territorial, puedan llevar adelante estas propuestas”.
Fuera de ese radar aparece anotado el histórico caudillo Daniel Rossi, que encabeza su sexto período como intendente de Santa Elena, ya lanzado como candidato para la conducción del partido, mientras que otros sectores posicionan a Adrián Fuertes, de Villaguay, y José Lauritto, de Concepción del Uruguay, por el recorrido y la experiencia de ambos dentro del peronismo provincial.
El jueves pasado, en la sede del PJ de Paraná, un nutrido número de dirigentes de diversas seccionales protagonizaron un encuentro con el horizonte puesto en los comicios de marzo. “Hoy vemos como en un momento de terrible sufrimiento para la patria y el pueblo de Entre Ríos, el PJ brilla por su ausencia en el seno del pueblo, con sus estructuras sin funcionar, sin propuesta política y sin organización territorial. Un partido desmovilizado que no convoca a jóvenes, trabajadores, mujeres, jubilados, a nadie, en tiempo que los trabajadores salen a la calle para decir basta a una nueva política de saqueo en manos de Milei y Frigerio”, apuntaron en un comunicado. “Nadie que haya sido responsable de conducir al pueblo peronista a derrotas como las que padecimos, puede proponerse seguir conduciendo los destinos del peronismo entrerriano”, exigieron. “Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”, describieron en una gacetilla donde repudiaron el DNU y la Ley Ómnibus, convocaron al paro diagramado para el 24 de enero, pidieron por reformas en la Carta Orgánica del Partido, con incorporación de las minorías, solicitaron un Congreso partidario que delimite una dirección programática, y rechazaron “proscripciones y dedos en favor de nadie”.
A 35 días de los cambios de gobierno, se profundizan los debates sobre el rumbo del país, de la provincia y de los municipios, como también de las representaciones políticas, en una configuración peculiar por el advenimiento de Milei en la Nación y por la derrota del peronismo en Entre Ríos después de 20 años.
