Ante el agravamiento de la cantidad y violencia de los casos de ataques de perros, y las consecuencias impensadas de los abusos en redes sociales mediante inteligencia artificial, el diputado nacional democristiano Juan Fernando Brügge del bloque Provincias Unidas propone que la anunciada reforma del Código Penal —aunque el texto oficial aún no fue dado a conocer— debe contemplar, entre sus ejes principales, sus proyectos presentados durante los últimos dos años. Más allá de estos dos focos, Brügge advierte que existen otras reformas urgentes que deben ser parte de una reforma integral_
*Perros peligrosos: regular la tenencia responsable para prevenir tragedias*
Brügge recordó recientes episodios en los que menores y personas vulnerables resultaron gravemente heridas tras ataques de perros de razas consideradas “potencialmente peligrosas”, y advirtió que esos hechos —que se repiten con cierta frecuencia— exigen una respuesta normativa clara.
Su proyecto prevé varias medidas: la creación de un registro nacional para estos animales; el uso obligatorio de bozal y correa en espacios públicos; seguros de responsabilidad civil para sus dueños; programas de capacitación sobre manejo y comportamiento canino; y, fundamentalmente, penas más duras para quienes, por negligencia, imprudencia o abandono de cuidado, provoquen lesiones graves o la muerte.
En concreto, el proyecto plantea que el dueño o tenedor de un perro potencialmente peligroso que cause la muerte de una persona reciba una pena de prisión de 3 a 6 años, y de 1 a 3 años en caso de causar lesiones.
Brügge sostiene que la iniciativa no pretende “criminalizar a los animales”, sino responsabilizar a los humanos que los crían o manejan negligentemente. “No podemos seguir naturalizando estas tragedias. Estamos hablando de vidas, especialmente de niños.”
*Deep-fake: penalizar el uso no autorizado de IA para proteger la imagen, el honor y la dignidad*
En paralelo, Brügge impulsa otro proyecto clave: tipificar como delito el uso abusivo de tecnologías de inteligencia artificial que generen, modifiquen o difundan videos, audios o imágenes manipuladas (deep-fakes), sin consentimiento, con el fin de dañar la imagen, reputación o dignidad de personas.
La iniciativa pone penas de prisión de 4 a 8 años para quienes cometan este tipo de delitos. Si las víctimas son menores, personas con discapacidad o se encuentran en situación de vulnerabilidad, la escala penal se agrava.
El proyecto de Brügge se enmarca en una creciente preocupación global y nacional por las “deep-fakes”: contenidos sintéticos audiovisuales que pueden vulnerar derechos fundamentales como la intimidad, el honor, la reputación y la dignidad de las personas. En Argentina, advierten especialistas, el marco legal actual no prevé de forma suficiente esta nueva realidad. LA NACION+2HCDN+2
Brügge argumenta que —en un contexto de expansión de la IA y su uso masivo en redes sociales— resulta “urgente adaptar la normativa penal para no dejar a las víctimas desprotegidas ante amenazas que hace unos años no existían”. Análisis+1
Otros ejes de su propuesta: una reforma penal amplia y multifacética
Pero los proyectos sobre perros peligrosos y deep-fake no son los únicos que Brügge considera esenciales. Entre sus iniciativas también figuran propuestas para:
Impedir beneficios penales en delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra — Argentina asumió obligaciones internacionales que consideran estos delitos imprescriptibles y sin posibilidad de amnistía ni indulto.
Agravamiento de penas por instigación al suicidio o creación del delito de instigación a la autolesión — ante el auge de conductas inducidas en redes sociales y entornos digitales, muchas veces dirigidas a menores.
Tipificación de la venta o entrega de niños y niñas para eludir la adopción — una figura no contemplada hoy en la legislación, a pesar de obligaciones internacionales.
Agravante general cuando la víctima sea un periodista o trabajador de prensa — para proteger la libertad de expresión ante agresiones a comunicadores.
Endurecimiento de penas por grooming, con agravantes si el adulto abusador tiene rol de confianza — ante la creciente utilización de identidades digitales por agresores.
Régimen federal de prevención de la violencia en espectáculos deportivos — para unificar normas, asignar responsabilidades a clubes y endurecer sanciones, imitando modelos internacionales exitosos.
Sistema obligatorio de control y seguimiento para condenados por delitos sexuales — con presentación periódica y control de domicilio, combinando reinserción con protección a la sociedad.
Estas iniciativas, afirma Brügge, “responden a problemas reales que afectan a miles de argentinos” y están “listas para ser tratadas” tan pronto como el Congreso reciba el texto definitivo de la reforma.
«La reforma penal no puede avanzar sin herramientas modernas y eficaces»
Para el legislador, la reforma del Código Penal representa una oportunidad histórica. Pero advirtió que no puede limitarse a ajustes parciales o cosméticos: debe incorporar modificaciones profundas, adaptadas a la realidad actual — marcada por la violencia digital, el crecimiento de los ataques de perros, la vulnerabilidad de menores, la proliferación de redes sociales, y la responsabilidad en materia de derechos humanos asumida por Argentina.
“Se trata de proteger a las víctimas, de prevenir tragedias, de asegurar derechos fundamentales. El Congreso tiene la palabra”, concluyó.
