En una sesión atravesada por discursos encendidos y profundas divisiones políticas, el diputado nacional Juan Fernando Brügge marcó una posición categórica contra el proyecto de reforma laboral debatido este jueves en el Congreso. Desde una perspectiva doctrinaria y constitucional, el legislador dejó en claro que no acompañará ni la media sanción proveniente del Senado ni el dictamen en tratamiento
“Como Demócrata Cristiano, no puedo estar a favor de este proyecto”, sostuvo al fundamentar su voto negativo. Argumentó que su postura responde tanto a las raíces históricas del humanismo cristiano que inspira al Partido Demócrata Cristiano como a razones técnicas y jurídicas que —según afirmó— tornan inviable la iniciativa.
Brügge centró parte de su exposición en lo que calificó como una “mala redacción técnica” del texto. Señaló que contiene normas confusas, ambigüedades que abren la puerta a interpretaciones contradictorias y vacíos normativos que generarán incertidumbre jurídica. “No estamos ante una ley clara y precisa, sino ante un esquema que trasladará el conflicto a los tribunales”, advirtió.
Para el diputado, lejos de reducir la conflictividad, la reforma aumentará la litigiosidad. En ese sentido, cuestionó que la falta de claridad normativa termine delegando en el Poder Judicial la definición de derechos laborales. “Se está trasladando la función legislativa a los jueces”, remarcó, al sostener que la imprecisión del texto obligará a que sean los magistrados quienes determinen el alcance de garantías que deberían quedar expresamente establecidas por el Congreso.
Otro de los ejes de su intervención fue la concepción del trabajo que, a su entender, subyace en el proyecto. “El trabajo se reduce a un simple servicio”, afirmó, para luego subrayar que esa mirada desconoce su dimensión humana y social. En esa línea citó al constituyente demócrata cristiano Horacio Peña, quien participó en la redacción del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
“Ni el capitalismo inhumano ni el estatismo absorbente respetan la dignidad del trabajador”, recordó Brügge al citar a Peña. Y agregó otra de sus definiciones emblemáticas: “El trabajo no es una mercancía: es actividad humana destinada al perfeccionamiento de la persona”.
El legislador también puso el foco en el derecho de huelga. Según su interpretación, la ampliación del concepto de “actividades esenciales” dejaría prácticamente anulado ese derecho constitucional, al incluir dentro de esa categoría a un número significativo de sectores productivos.
Además, advirtió sobre el impacto en el entramado productivo. Sostuvo que las pymes y mipymes —responsables de más del 90 por ciento del empleo en el país— serían las principales perjudicadas por un marco normativo que, lejos de simplificar, aumentaría la inseguridad jurídica y los costos derivados de eventuales conflictos judiciales.
Finalmente, cuestionó que la reforma no esté articulada con un modelo económico estable ni con una reforma impositiva integral. “No puede pensarse una modificación profunda del régimen laboral sin un esquema macroeconómico coherente”, planteó.
Con su intervención, Brügge dejó plasmada una posición basada en principios doctrinarios y en objeciones técnicas concretas, diferenciándose tanto del oficialismo como de sectores que impulsan la reforma como herramienta de modernización. Su voto negativo quedó así inscripto en una defensa explícita de la concepción humanista del trabajo consagrada en la Constitución.
