En un escenario de creciente malestar en las aulas y advertencias de conflicto al inicio del ciclo lectivo, un grupo transversal de legisladores presentó un proyecto de Ley de Fortalecimiento Salarial Educativo que busca declarar la emergencia por cinco años y garantizar una recomposición directa de los haberes en todo el país. La iniciativa apunta a revertir la pérdida de poder adquisitivo y el desfinanciamiento que atraviesa el sistema bajo la gestión de Javier Milei.
Entre 2023 y 2025, el salario docente perdió en promedio un 19% de su poder de compra, con retrocesos en 19 de las 24 jurisdicciones. En paralelo, la inversión educativa real cayó 47,7% y descendió al 0,82% del PBI en 2025, el nivel más bajo en dos décadas. La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y la paralización de la paritaria nacional terminaron de erosionar ingresos que ya venían golpeados por la inflación. El ajuste, advierten, no distingue niveles: impacta tanto en la universidad como en la educación obligatoria.
La contradicción, sostienen los impulsores, se vuelve evidente cuando se declara a la educación como “servicio esencial” por DNU mientras se retiran recursos clave. La esencialidad formal, sin financiamiento que la respalde, aparece más como un instrumento de control que como una política integral para sostener la calidad y la dignidad del trabajo docente.
El corazón del proyecto crea un Fortalecimiento Salarial Educativo financiado con el 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con asignación específica y distribución automática. El objetivo es que los recursos lleguen directamente al recibo de sueldo, sin discrecionalidad política ni intermediaciones. La propuesta fija reglas claras para que el refuerzo impacte de manera inmediata y federal.
En términos concretos, se establece un Complemento Federal de $52.269 mensuales para docentes, directivos y no docentes de la educación obligatoria estatal, más una Compensación Federal de $67.204 para quienes trabajan en escuelas de alta vulnerabilidad. Entre marzo y diciembre, el refuerzo podría alcanzar los $119.473 por cargo, priorizando a quienes enseñan en contextos más complejos.
La iniciativa también pone el foco en la infraestructura. Propone destinar $740.500 millones de ATN no ejecutados en 2025 a obras, reparaciones y mantenimiento en 44.460 escuelas que contienen a más de 7,4 millones de estudiantes y 916.674 trabajadores. El 75% se orientaría a establecimientos de nivel inicial, primario y secundario, y el 25% restante a escuelas técnicas estatales, uno de los sectores más castigados por la falta de inversión sostenida.
Los autores subrayan que el proyecto no crea nuevos impuestos ni altera la coparticipación. Reasigna partidas existentes y elimina márgenes de discrecionalidad mediante un mecanismo automático y con rendición obligatoria. “La situación actual no responde a un hecho fortuito, sino a una determinación política del Poder Ejecutivo, que transfirió el costo de la crisis a las provincias”, señalaron.
Uno de los impulsores, Nicolás Trotta, afirmó que ante la retracción del Estado nacional “el Congreso debe ejercer su rol de garante del derecho a la educación”, y remarcó que no hay sistema sostenible sin salarios dignos. Junto a él acompañan legisladores de distintos bloques y provincias, entre ellos Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota y Maximiliano Ferraro, en una señal de articulación federal frente a una crisis que ya no admite dilaciones.
