Patricia Vásquez, diputada del Pro, acusa al gobernador y al ministro de Educación bonaerense de “vulnerar los derechos de niños y adolescentes” con textos distribuidos en escuelas.
La diputada nacional Patricia Vásquez presentó una denuncia penal contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, ante la Fiscalía General de La Plata. Según Vásquez, ambos funcionarios serían responsables de la presunta comisión de “varios delitos” vinculados a la distribución de contenidos inapropiados en el marco del programa educativo provincial.
La polémica gira en torno a los libros del catálogo “Identidades Bonaerenses”, distribuidos en más de 2.350 escuelas secundarias y 443 técnicas. Según la legisladora, algunos textos utilizados en clases de Educación Sexual Integral (ESI) incluirían escenas de sexo explícito y lenguaje inadecuado para menores, lo que “afecta gravemente su salud psíquica y física” y los coloca en una “mayor vulnerabilidad”.
Críticas al enfoque de la ESI
Vásquez subrayó que su denuncia no cuestiona el valor literario de las obras, sino su idoneidad para ser impartidas en ciertos niveles educativos. “No se trata de censurar la literatura, sino de garantizar que los contenidos sean apropiados para las edades de los estudiantes”, expresó. Además, cuestionó a los funcionarios por el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, al no evaluar adecuadamente el impacto de estos materiales en los jóvenes.
La legisladora también apeló a la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, que exige a los Estados proteger a los menores de cualquier forma de abuso o exposición a contenidos perjudiciales. Citó los artículos 17, 19 y 28 de la convención, enfatizando la responsabilidad estatal de proporcionar una educación adaptada a las capacidades y necesidades de los estudiantes.
Denuncia con fundamento legal
En el texto presentado, Vásquez acusó al Estado provincial de promover materiales con representaciones explícitas que podrían generar perturbaciones emocionales y psicológicas en los menores. “Lejos de cumplir con su rol protector, el Estado incrementa la vulnerabilidad de los niños y adolescentes al permitir la libre circulación de estos contenidos en el ámbito escolar”, señaló.
La denuncia se produce días después de que el gobernador Kicillof publicara en redes sociales una foto leyendo los textos cuestionados, lo que intensificó la controversia. La diputada instó al ministerio público fiscal a investigar los hechos con celeridad y profundidad, en defensa de las familias bonaerenses.
El caso promete avivar el debate sobre los límites en los contenidos educativos y la implementación de la ESI en las escuelas argentinas.
