En medio de la controversia por el impacto del costo energético en el desarrollo del turismo y otras actividades económicas de Entre Ríos, tres referentes locales con experiencia en la materia —Alejandro Di Palma, Roberto Domingo y Rubén Pagliotto— respondieron a las recientes declaraciones del secretario de Turismo provincial, Jorge Satto, quien había deslindado al Gobierno entrerriano de responsabilidades en la fijación de tarifas eléctricas.
Satto había afirmado que “la provincia no fija la tarifa eléctrica”, en alusión a los cuestionamientos realizados por la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) sobre el peso que tiene la energía en los costos de los emprendimientos del sector. Sin embargo, los especialistas consultados refutaron esa afirmación al sostener que si bien el precio mayorista es determinado a nivel nacional por CAMMESA, el Gobierno provincial sí incide de manera significativa en el valor que terminan pagando los usuarios.
“La estructura tarifaria incluye un componente clave que es el Valor Agregado de Distribución (VAD), y ese ítem es exclusivo de la órbita provincial”, advirtieron Di Palma, Domingo y Pagliotto. “El VAD representa aproximadamente el 35% del total de la factura con impuestos y hasta el 50% si se lo considera sin impuestos. Es un porcentaje considerable, especialmente en un escenario donde los precios nacionales vienen en alza”.
Según señalaron, aunque el VAD permanece congelado desde septiembre de 2024, la medida no compensa el ajuste acumulado durante los 18 meses anteriores. “El aumento tarifario otorgado por la actual gestión alcanza el 482% desde su inicio hasta ahora. El congelamiento es apenas una pausa en una curva que ya subió demasiado”, apuntaron.
Además, remarcaron que Entre Ríos presenta uno de los VAD más altos del país, lo cual repercute negativamente sobre la competitividad de actividades clave como el turismo, que depende fuertemente del consumo eléctrico para funcionar. “Desestimar la preocupación del sector privado con frases genéricas no ayuda. La presión tarifaria es real y se agrava por una carga impositiva que se mantiene elevada”, afirmaron.
Ante ese panorama, insistieron en la necesidad de establecer canales de diálogo efectivos entre el sector público y los actores productivos. “Lo que se necesita es diálogo real, diagnóstico certero, idoneidad técnica y políticas que respalden al entramado económico de la provincia en lugar de obstaculizarlo”, expresaron.
Como sustento a sus planteos, citaron el último Reporte de Tarifas y Subsidios N° 27, publicado en junio de 2025 por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET). Según ese informe, la factura promedio nacional para usuarios residenciales de altos ingresos (N1) se ubicó en $62.318, en tanto que para hogares de ingresos bajos (N2) fue de $36.866, y para los de ingresos medios (N3), de $43.491. “En todos esos segmentos, la provincia de Entre Ríos supera el promedio nacional, y en el caso de los hogares N1 incluso está por encima de Santa Fe y Córdoba, sus pares de la Región Centro”, concluyeron.
Como sugerencia final, los especialistas instaron al Gobierno provincial a revisar en profundidad la estructura tarifaria local y promover una reforma que contemple tanto el incentivo a la inversión como la protección de las actividades económicas, bajo criterios de razonabilidad y equidad.
