La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT-RA) conjuntamente con la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), solicitan la intervención con carácter de urgente del Director General de la OIT y la remisión de la denuncia por violaciones al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, que a continuación se exponen, a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su urgente tratamiento.
En una nota conjunta firmada por los secretarios Roberto Baradel, Adolfo Aguirre y Gerardo Martínez, representantes de las principales centrales sindicales argentinas, se ha presentado una preocupante denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este reclamo surge en respuesta a las medidas anunciadas por el Gobierno que, según los sindicatos, agudizarán la crisis económica y erosionarán el poder adquisitivo de los trabajadores en Argentina.
El paquete de ajuste fiscal y cambiario introducido por la nueva administración, asumida el 10 de diciembre de 2023, proyecta una escalada inflacionaria estimada entre el 20% y el 30% en los próximos meses. Esta situación, de no ser contrarrestada por políticas de ingresos adecuadas y negociaciones colectivas libres, podría sumir a millones de ciudadanos argentinos en una angustiante situación socioeconómica, dejándolos sin la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas.
Las nuevas medidas también amenazan con paralizar la actividad económica, lo que potencialmente pondrá en riesgo cientos de miles de puestos de trabajo. Esto se suma a la adopción de un Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público frente a protestas sociales, presentado apenas dos días después del anuncio del plan de ajuste, lo que genera preocupación y alarma entre las organizaciones sindicales.
Este protocolo otorga facultades amplias a las fuerzas de seguridad para intervenir en manifestaciones que obstaculicen la circulación, sin necesidad de una orden judicial previa. Además, autoriza la identificación de participantes, el registro de organizaciones y la posibilidad de incautar vehículos utilizados en las protestas, entre otras medidas que restringen derechos constitucionales y democráticos básicos.
La denuncia presentada ante la OIT resalta que estas acciones del Gobierno argentino contravienen normas internacionales del trabajo y van en contra de las recomendaciones de la OIT en materia de libertad sindical, derecho de huelga y manifestación.
Los sindicatos subrayan que la estrategia gubernamental parece buscar criminalizar la protesta social y desviarla hacia el ámbito penal, afectando los derechos fundamentales de expresión y manifestación pacífica de los ciudadanos. Este enfoque restrictivo, según los sindicatos, va en contra de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de Argentina y los pronunciamientos de órganos internacionales de derechos humanos.
Ante esta situación, el movimiento sindical argentino solicita una intervención urgente de la OIT para abordar estos hechos, considerados como una amenaza directa a los derechos laborales y a la libertad de expresión en el país. La denuncia ha sido remitida a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, para su pronta consideración y acción.
