Mientras el principal hospital pediátrico del país atraviesa conflictos gremiales, recortes y tensiones presupuestarias, más de 923 millones de pesos se destinaron en enero a un servicio tercerizado cuya licitación sigue sin definirse. La modalidad de “legítimo abono” se repite mes a mes y abre interrogantes sobre la administración de los recursos.
En el corazón de la crisis que atraviesa el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, hay una cifra que impacta: 923.941.892,16 pesos pagados por un solo mes de limpieza. El monto corresponde a los servicios prestados durante enero de 2026 por la firma Floor Clean SA, histórica contratista del centro de salud.
La decisión fue convalidada por el consejo de administración del hospital —integrado por Mariel Sánchez, César Avellaneda, Jorge Menehem y Oscar Pérez— a partir de lo actuado por la gerencia de Contrataciones y Suministros, a cargo de Silvana Canavidez. El mecanismo utilizado fue el de “legítimo abono”, una herramienta administrativa válida para evitar la interrupción de servicios esenciales, pero que en el Garrahan se viene aplicando de manera reiterada.
El servicio de limpieza es, sin dudas, crítico para el funcionamiento de cualquier establecimiento sanitario. Sin embargo, fuentes del área de Salud admiten que cuando los montos alcanzan semejante magnitud, la comparación de precios deja de ser una formalidad y pasa a convertirse en una obligación ineludible. Más aún cuando existe una licitación abierta que prometía normalizar el esquema y reducir costos.
Esa compulsa, lanzada el año pasado y que despertó el interés de varias empresas, continúa sin resolución. Desde el área de Contrataciones explican las demoras en cuestiones técnicas vinculadas a la evaluación de las ofertas y la complejidad del servicio. Pero mientras los expedientes avanzan con lentitud, los pagos siguen ejecutándose con cifras similares a las de diciembre de 2025.
El impacto no es menor. En un hospital donde los reclamos sindicales por salarios y condiciones laborales ocupan la escena pública, la estructura de gastos vinculada a servicios tercerizados aparece como una arista clave para ordenar las cuentas. Seguridad, gastronomía y limpieza conforman un paquete sensible. En el caso de la seguridad, los contratos comenzaron a actualizarse con valores más alineados al mercado. No ocurre lo mismo con la higiene.
Las fuentes consultadas señalan que una nueva adjudicación con precios más competitivos podría liberar recursos significativos, incluso con potencial para mejorar remuneraciones del personal médico y profesional. Sin embargo, el expediente permanece en punto muerto.
El 13 de febrero volvió a autorizarse el pago correspondiente a enero. Más de 923 millones por 31 días de prestación. La cifra se acumula en un contexto donde cada peso cuenta y donde la discusión sobre prioridades presupuestarias resulta inevitable.
Mientras tanto, el Garrahan continúa navegando entre conflictos laborales, tensiones financieras y decisiones administrativas que, lejos de disipar dudas, profundizan la sensación de que la crisis no es solo sanitaria, sino también de gestión.
