La secretaria general adjunta de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, Mercedes Cabezas, cuestionó la publicación del Decreto 585/2025, mediante el cual el Gobierno dispuso la disolución de organismos claves y la modificación de diversas secretarías.
“Hay un Presidente que no escucha lo que dice la sociedad: un Congreso que le dice que no y, aun así, hace lo que quiere. En los próximos días, si tienen agallas, porque el decreto no tiene fecha, pueden poner un freno a la pulverización del país. Es más que evidente que estas medidas favorecen la concentración de capital en pocas manos y relegan la soberanía. En la letra chica aparecen otras cosas”, señaló Cabezas.
Desde *ATE explicaron que el Decreto 585/2025, publicado esta mañana en el Boletín Oficial, elimina los siguientes organismos:* Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal (ARICCAME), Instituto Nacional de Semillas (INASE), Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL).
Además, establece transformaciones institucionales: la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) pasará a ser la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte; la Junta de Seguridad en el Transporte se convertirá en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación; y la *Casa de Moneda Sociedad del Estado se transformará en Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal.*
Asimismo, el decreto dispone que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) quede desconcentrado en la Secretaría de Industria y Comercio; que el INTA y el INV pasen a funcionar como unidades organizativas dentro de la órbita de Agricultura; que la Dirección Nacional de Semillas absorba las funciones del ex-INASE; y que parte de las competencias de la ex-ANSV sean transferidas a la Secretaría y Subsecretaría de Transporte.
“Lo que no pudo hacer con las facultades extraordinarias ahora lo está haciendo por decreto. Todavía opera en la Argentina el Decreto 70/2023, que Diputados nunca trató. Ese nivel de irregularidad estamos viviendo: se debería conformar una bicameral para luego debatir en ambas cámaras, pero eso no sucede. Hay un blindaje total”, concluyó Cabezas.